117) Electricidad e inflación: ni los buenos son tan buenos, ni los malos no son tan malos

El precio de la luz y otros productos energéticos y su consiguiente efecto en la inflación y, por tanto, en la economía, no han dejado de llenar titulares desde el comienzo de la crisis de precios derivada de la invasión de Ucrania. Incluso en meses en los que el precio de la electricidad no solo no ha aumentado, sino que ha bajado, algunos medios de comunicación no han dudado en achacarle la responsabilidad de la subida generalizada de precios y de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos y la electricidad no solo no ha hecho que la inflación aumente, sino que ha ayudado a contenerla durante el último año.

La contención de la inflación ha servido como justificación de las medidas de intervención adoptadas en el sector eléctrico.

La recuperación económica tras la crisis de la COVID-19 provocó un incremento de los precios del gas, principalmente porque la tensión provocada por una mayor demanda no fue acompañada de una respuesta similar por parte de la oferta. Muchos productores de gas estaban a la expectativa para conformar la recuperación económica y reactivar las explotaciones, de manera que ya desde verano de 2021 se podían percibir incrementos de precios de gas que se trasladaban a los mercados de electricidad. Aunque estos incrementos de precios de electricidad no se trasladaron inmediatamente a los consumidores (la mayor parte de la electricidad está vendida en mercados a plazo), los primeros repuntes de las tasas de inflación mensuales llevaron al gobierno de España a intervenir los mercados de electricidad (aunque no los de gas), con el objetivo de reducir la inflación.

En esta coyuntura, ya en otoño de 2021, se inician una serie de medidas de intervención en el mercado de electricidad (tope de ingresos a tecnologías inframarginales, excepción ibérica, impuesto sobre ventas y reducción del IVA, entre otras), a fin de controlar el IPC, pero sin analizar las causas del incremento de precios energéticos ni los impactos reales en los consumidores.

La moderación actual de la inflación y de los precios de la electricidad han llevado a la supresión de algunas medidas de intervención en el mercado eléctrico, y a la recuperación de la presión fiscal que recae sobre la electricidad, con el consiguiente impacto en la factura del consumidor.

Si el precio de la electricidad tiene un impacto tan indeseado sobre el IPC, cabe preguntarse porqué se retoman medidas fiscales que afectan al precio de la electricidad, cuando la inflación aún no está totalmente controlada.

El análisis empírico muestra que no hay una correlación tan directa entre el precio de la electricidad y el IPC.

El año 2021 cerró con un IPC del 6,5%, con un incremento de precios de electricidad para hogares del 15,45%. Vistas estas cifras parece que hay una clara relación entre el incremento de precios de electricidad y el IPC.

Sin embargo, tras el repunte de precios observado después de la invasión de Ucrania y su consecuente incremento del precio del gas y electricidad, esta última comenzó a moderarse observándose tasas negativas de crecimiento de dos dígitos desde octubre de 2022 hasta la actualidad. La inflación promedio del rubro de electricidad durante 2023 ha sido del -35%, cerrando el año en el -17,3%. En este mismo año, el IPC ha sido del 3,1% y en 2022 del 5,7%.

El IPC de 2021, 2022 y 2023 ha sido positivo, mientras los precios de electricidad han bajado de manera sostenida desde octubre de 2022.

Mientras que la inflación general se situó en el último mes del año en el 3,1% (3,8% la inflación subyacente), el grupo de productos energéticos en su conjunto se redujo un 6,4% interanual respecto a diciembre de 2022. Este abaratamiento del conjunto de productos energéticos contrasta con el aumento de los rubros de alimentación (+7,9% y +6,1%, alimentos sin y con elaboración, respectivamente).

A la vista de esta evolución de precios de la electricidad y su divergencia con la evolución de la inflación, cabe concluir que el incremento del IPC ha de deberse a otros factores.

Lo primero que ha de tenerse en cuenta es que el IPC se elabora a partir de una cesta de la compra tipo de un hogar medio. Y esta cesta de la compra se revisa periódicamente.

Aunque la electricidad tiene un peso significativo en el cálculo del IPC, existen productos con mayor impacto en la inflación. Por ejemplo, los carburantes para automoción pesan 1,3 p.p. más que la electricidad, por lo que su evolución tendrá un mayor impacto en el índice general.

Si se compara la evolución de precios de los productos energéticos en comparación con el IPC, se observa que existe una mayor correlación de los precios de gas y gasolina con el índice general, que la que puede observarse en la electricidad.

La intervención regulatoria sufrida por el sector eléctrico ha contrastado con la laxitud observada a la hora de regular otros mercados, como la alimentación, que han visto crecer exponencialmente sus precios.

Podemos comprobar a nivel subgrupo, dentro de los 15 rubros que más se han encarecido, la mayoría son productos alimentarios que han visto incrementar sus precios a dos dígitos. Dentro de este grupo de productos más inflacionarios también podemos encontrar a la gasolina cuyos precios se han encarecido un 10% en el último año.

En la otra cara de la misma moneda tenemos a los productos energéticos. Los principales productos energéticos, dentro de los que se encuentra la electricidad, se han abaratado respecto a diciembre de 2022. En concreto, el índice relativo a la electricidad se ha abaratado un 17% interanual.

El denostado mercado marginalista eléctrico ha trasladado correctamente la reducción de los precios del gas a la electricidad.

Este abaratamiento de la electricidad no ha guardado relación con las medidas regulatorias que han intervenido el sector, sino con la reducción del precio de las materias primas. A modo de ejemplo, la excepción ibérica aprobada en 2022 ha estado inoperativa en todo 2023 al no activarse el mecanismo al estar los precios del gas por debajo del umbral marcado. Es decir, los precios de la electricidad se han reducido por mérito propio, gracias a un mercado marginalista que traslada correctamente las señales de precio, y no por el efecto de las medidas intervencionistas del Gobierno.

La rebaja del precio de la electricidad ha permitido amortiguar una parte considerable del efecto desproporcionado que la subida del precio de los alimentos y el gas han tenido sobre los hogares vulnerables.

Es importante recordar que la inflación no golpea por igual a todos los consumidores. Existen diferencias significativas en la composición de la cesta de la compra de los hogares en función de su renta. El peso de los productos energéticos sobre la cesta de la compra es mayor en los deciles de menor renta, lo que hace que cualquier variación de su precio les afecte de forma desproporcionada.

El efecto que ha tenido la rebaja del precio de la electricidad es muy considerable, especialmente entre los hogares con menor renta. Esta diferencia se explica por el mayor peso que la electricidad tiene en los hogares de ingresos bajos.

La electricidad ha ayudado a reducir 1,59 puntos el IPC de los hogares de menor renta, mientras que para el formado por el 10% de hogares con mayor capacidad económica, esta reducción solo ha abaratado el IPC en 0,76 puntos.

Paradójicamente, nos encontramos un mes de enero de 2024 en el que los precios finales de electricidad para los consumidores domésticos han sido superiores a los de diciembre y a los de un año antes, debido al incremento de la presión fiscal sobre la electricidad, tras la recuperación del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) del 0% al 3,5%, el incremento del Impuesto especial a la electricidad (IEE) del 0,5% al 2,5% y el incremento del IVA del 5% al 10%.

Este aumento de la presión fiscal no ha hecho más que empezar, ya que se esperan incrementos paulatinos de todos estos impuestos de aquí a final del año. Esto supondrá un encarecimiento de la factura de los consumidores finales, que como bien es sabido, tendrá un impacto mayor en las rentas más bajas, dado que el peso que el gasto eléctrico supone en su cesta de consumo es superior y, por tanto, los incrementos de precios les afectan en mayor medida.

En términos generales y en cuestión de un año, el consumidor final va a ver incrementada su factura eléctrica en un 25%, unos 117 €/año, debido al incremento impositivo planificado por el gobierno. Quizás el problema del precio de la electricidad no está tanto en el mercado, sino en la presión fiscal sobre la electricidad.

Este análisis lo ha realizado Unai Alaña Díaz de Guereñu, experto del sector eléctrico, con 28 años trabajando en el ámbito de la regulación energética íntegramente en el sector eléctrico.